El Gobierno nacional anunció este miércoles una reforma profunda del régimen migratorio argentino. En una conferencia desde Casa Rosada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que se implementarán medidas para restringir el ingreso y permanencia de extranjeros en el país, además de habilitar el cobro por servicios públicos como salud y educación.
“Durante años, Argentina fue demasiado permisiva. Hoy entra casi cualquiera”, afirmó Adorni, quien señaló que en las últimas dos décadas ingresaron más de 1,7 millones de inmigrantes irregulares.
Entre las nuevas medidas se destaca el rechazo automático en frontera de personas con condenas, la expulsión inmediata de quienes entren por pasos no habilitados y la deportación de extranjeros condenados por delitos.
Además, los inmigrantes ilegales y residentes temporales deberán pagar por la atención en hospitales públicos y presentar un seguro médico obligatorio al ingresar al país. También se autoriza a las universidades nacionales a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros, si así lo deciden.
El Gobierno justificó estas medidas en el alto costo que representa la atención a extranjeros no residentes. Según Adorni, en un año se destinaron 114 mil millones de pesos en ocho hospitales nacionales para cubrir servicios a extranjeros.
También se modifican los requisitos para mantener la residencia permanente, que solo se conservará si no se abandona el país por más de dos años. Se endurecerán, además, las condiciones para acceder al DNI argentino y a la ciudadanía, y se exigirá demostrar capacidad económica para el acceso a determinados servicios públicos.
«Argentina no será tierra fértil para la llegada de delincuentes», concluyó Adorni, y remarcó que «el que las hace, las paga».
